Esta mañana, durante la firma de un convenio para la implementación de un protocolo para la actuación con adolescentes punibles, el secretario de Seguridad de la provincia destacó la importancia de brindar una asistencia eficiente a los menores en conflicto con la ley, “y en materia de seguridad es fundamental poder brindar este tipo de contención”.
Dicho acuerdo, que fue rubricado entre la Subsecretaría de la Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Cristina Rosales, la Secretaría de Estado de Seguridad y los jueces de Menores Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, ambos con jurisdicción en la Primera Circunscripción Judicial, tiene el objetivo de lograr un accionar profesional-especializado, con medidas expeditas y eficaces, estableciendo un criterio unificado de actuación, reorganizando de forma sistematizada los diferentes preceptos y trámites procedimentales relativos a esta temática.
“Es necesario el trabajo en conjunto de las diferentes instituciones, ya que la finalidad es garantizar los derechos y garantías de los adolescentes”, agregó el titular de la cartera de Seguridad.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros, manifestó: “Es una problemática difícil, compleja y que muchas veces el Estado no logra satisfacer la fuerte demanda social que exige una materia de esta complejidad. Se trata de un segmento generacional que necesita de la ocupación de políticas públicas de educación, salud, seguridad, y necesitamos coordinar los esfuerzos”.
Cabe señalar que la aplicación del régimen cerrado para jóvenes punibles tendrá su espacio físico donde anteriormente funcionara la Comisaría del Menor y la Mujer (por calle 1º de mayo), adecuadamente acondicionado para la nueva finalidad, bajo la órbita de la subsecretaría de Familia.
